A partir de la aberrante situación contra los Pueblos Originarios ocurridas en el último tiempo, especialmente con los increibles sucesos de muertes de dirigentes indígenas por defender sus derechos en la comunidad Toba de "La Primavera", en la provincia de Formosa, quiero expresar mi pensamiento al respecto y compartirlo con ustedes.

En los últimos años, hemos asistido a situaciones que realmente, lejos de cualquier esfuerzo, demuestran que en realidad no existen políticas activas profundas para solucionar estos más de quinientos años de sometimiento hacia los Pueblos Originarios.

Los asesinatos de Formosa, recientes, marcan una realidad que no ha tenido una solución definitiva para la realidad de estos Pueblos: el reconocimiento de sus territorios tradicionales y la entrega de los mismos por parte de los sucesivos Gobiernos. La lucha por los territorios indígenas, son una constante, no solo en Formosa sino por todas las provincias Argentinas. El resultado, casi en todos los casos es el mismo. No se reconocen estos territorios y prima la Propiedad Privada de los No indígenas, sobre los tantos derechos existentes en nuestra legislación.

Las causas son muchas y diferentes en cada caso. Pero principalmente, considero que se trata de una cuestión política. Es necesario, y de manera urgente, diseñar políticas elocuentes con los derechos consagrados.

Si bien existen leyes que impiden los desalojos de los pueblos originarios (Ley 26160 - CONVENIO 169 OIT) estos se suceden, por parte de una justicia que responde directamente a los intereses económicos. La falta de órganos judiciales independientes en las distintas provincias, con la complicidad manifiesta de políticos y de un sector de la sociedad que se beneficia con este tipo de justicia y principalmente, la falta de control externo de los fallos judiciales, violatorios de leyes, sin ningún reparo; demuestran que no sólo es un problema de los gobiernos sino que atraviesa a toda la sociedad.

Existe una constante en todas las provincias argentinas: existe una correlación positiva entre pobreza y etnicidad indígena y esto se repite a lo largo de nuestro país. Esto demuestra que no se han aplicado políticas activas para defender los derechos que tienen estos Pueblos. Y aquí surge una gran contradicción: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, responsable de estas políticas, es simplemente un órgano disfuncional, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que no cumple con las políticas públicas para Pueblos Originarios que están definidas en la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional que lo ratifica. Este órgano que debiera definir políticas propias de los Pueblos Originarios, con activa representación de los mismos, no responde a este tipo de realidad.

El primer principio esencial de este cambio, sería la urgente redimensión de este Instituto, bajo la orbita exclusiva de la presidencia, con un presupuesto acorde con la realidad social de estos Pueblos que garantice con fondos reales, la solución a los problemas territoriales en primer lugar y la mejora de la calidad de vida de estos Pueblos, con verdaderas políticas sociales inclusivas.

Es por ello que creo que se debe, en calidad de urgente definir una política nacional para los Pueblos Indígenas con incidencias en cada provincia similares: esta realidad no puede quedar sujeta a la voluntad de las autoridades de turno, sino que deben atravesar transversalmente todas las políticas públicas, con la designación de presupuestos reales en cada área de gobierno. Y esto significa, en las provincias que existen tierras públicas, determinar las superficies que son parte de sus territorios y entregarlas definitivamente a estos Pueblos. En los casos que ya no existen tierras públicas, definir políticas de expropiación y/o cualquier otro tipo de recuperación de los territorios (llámese compra, tierras embargadas por bancos nacionales recuperarlas, etc.) y entregarlas en forma inmediata. Paralelamente a esto, se debe priorizar políticas públicas que garanticen:

Una educación en todos los niveles que sea administrada por estos Pueblos, respetando y fortaleciendo la cultura y el idioma de los mismos (no pueden seguir siendo proyectos especiales o experiencias educativas sin la participación real de las organizaciones de estos Pueblos, como sigue ocurriendo a lo largo del país). También es menester tener presente que, salvo algunos casos extremos, existe una correlación positiva entre niveles de analfabetismo y mayor presencia de población indígena. Y no podía ser de otra forma, pues, la población indígena es la que menos oportunidades han tenido de acceder al sistema educativo.

Garantizar la salud, pero con instituciones y profesionales propios de estos Pueblos (no existen hospitales, ni centros de salud que realicen inter consultas de los saberes propios de estos Pueblos con el resto de las medicinas conocidas que sean administradas por estas comunidades. Existen intenciones al respecto, pero no una salud que responda definitivamente a ellos mismos). Las comunidades indígenas, si bien tienen su medicina tradicional, con la que realizan el control de la salud en las comunidades, en la actualidad, podemos decir, que su práctica es poco frecuente y hecha en la clandestinidad, debido a la persecución sistemática que reciben quienes fueron tratados por esta medicina, por parte del sistema de salud oficial que a través de amenazas y denuncias, han tratado de alejar a su medicina del sistema popular de atención primaria de la salud.

Es necesario definir políticas de desarrollo que sean sustentables y que modifiquen cuanti y cualitativamente la calidad de vida de las comunidades. No existen a lo largo del territorio propuestas de desarrollo al respecto, que contemplen tanto lo económico como lo social, desde las perspectivas culturales propias de cada Pueblo. En este punto, si bien existe una denuncia por Genocidio étnico en el Chaco, causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación, esto no se repite en el resto de las provincias, en donde existen similares condiciones sociales ni se generaron políticas profundas de reparación de esta realidad, solo se ha respondido para solucionar el conflicto particular de la denuncia.

Existe, además un último rasgo que es necesario analizar y actuar en forma inmediata, una permanente discriminación y xenofobia hacia los Pueblos Originarios. Esta situación se enmarca en una sistemática persecución social, política y étnica, que se relaciona directamente con una intencionalidad discriminatoria de parte de las autoridades. Esto a llevado a las comunidades a buscar diferentes mecanismos de defensa ante los permanentes atropellos de sus derechos (Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Art. 21 y 37 de la Constitución Provincial, ley nacional Nº 24401 - convenio 169 OIT-, Pacto de San José de Costa Rica, etc.) y demás leyes que defienden los derechos individuales y colectivos. La sola cuestión de tratarse de un problema catalogado por los propios afectados, como causas por portación étnica, demuestra la veracidad de lo dicho. Cualquier joven o anciano que circule por la vía pública, es sospechado de ser un delincuente, lo que significa, que es cacheado, detenido por averiguaciones de antecedentes, se le arman causas judiciales y posteriormente a la tortura y vejámenes que sufre en comisarías, son juzgados con la rigurosidad de ser culpable, sin mediar pruebas algunas. Esto es una constante y existen miles de casos que demuestran esta inequidad judicial y principalmente de un sector social privilegiado. Esto sumado a los constantes desalojos y causa judiciales hacia los dirigentes indígenas que defienden sus tierras, se ha agudizado con la matanza y detención de dirigentes indígenas recientes, en La Primavera. Es por ello que resulta imperioso, una profunda investigación y enjuiciamiento a los órganos judiciales, que violan los derechos de estos Pueblos sistemáticamente, sin ningún tipo de reparo. Si la Justicia viola las leyes, quienes pueden garantizar el Derecho.

Esto se debe repetir en cada provincia, municipio y debe ser una política nacional. Esto es una responsabilidad social que involucra a todos los sectores sociales y no sólo a los gobiernos de turno. Son tan responsables los funcionarios como el resto del arco político nacional.

Los pueblos indígenas, hoy en su conjunto, son portadores de grandes riquezas culturales. Sus culturas representan su experiencia de vida y su arma de resistencia contra las estructuras integradoras. La acción, exige, el repartir la palabra, el espacio y el poder simbólico. Debe ser una articulación dialéctica en dos niveles: a) en la superación de las instancias y diferencias que impiden una comunicación y la solidaridad, por lo tanto una aproximación amable y crítica y en la igualdad solidaria, b) en el respeto a los demás, en la no-identificación con el otro sino en la conquista de su autonomía solidaria y de su felicidad, pero como conquista del otro.

Un diálogo sociocultural simétrico puede facilitar esta conquista.

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